Aida Santos: el encierro no es efectivo

Queremos que sean responsables y les quitamos toda posibilidades

Queremos que sean constructivos y los volvemos inútiles

Queremos que sean amables, y los sometemos a la crueldad

Que sean autónomos y los volvemos dependientes

(ex jueza Aída Santos, sobre los menores en conflicto con la ley)

En la foto: Israel Figueroa, del ISNA, Aída Santos, presidenta del Consejo de Nacional de Seguridad Pública, y el periodista Cristian Alarcón.

La eficacia de las medidas represivas contra el delito y la responsabilidad de los medios en la estigmatización de los jóvenes en conflicto con la ley fueron los principales  temas que se abordaron durante la mañana de hoy, en el seminario para 35 periodistas de Centroamérica.

El debate contó con la presencia de Aída Santos, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), y de Doris Luz Rivas Galindo , del Foro de Jueces Democráticos e Independientes. A último momento, Luis Salazar, del del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, no pudo asistir y en su lugar concurrió Israel Figueroa, responsable de los centros de inserción del ISNA.

Los invitados participaron de un intenso intercambio con los periodistas presentes y debatieron acerca de la libertad de prensa frente al derecho de los menores a que se resguarde su identidad, sobre la eficacia del sistema de confinamiento y cuál debería ser la mejor manera de abordar una historia de jóvenes en conflicto con la ley desde el punto de vista restaurativo. 

“En las noticias vemos cuando aparecen niños abusados, maltratados, excluídos.  Y cuando resulta un delincuente menor de edad, los que proponen soluciones simplistas se apresuran a pedir penas más duras para ellos, sin reflexionar sbre cuáles fueron las causas que dieron lugar a esas conductas infractoras”, dijo Aída Santos, quien se desempeñaba como jueza de Medidas al Menor Infractor cuando fue convocada por el presidente Mauricio Funes para que se sume al Ejecutivo.

Santos remarcó que no hay que perder de vista que “el fin de la pena es rehabilitadora” y que hay una diferencia muy marcada entre el objetivo de la pena impuesta a los adultos y la que se determina para los menores, ya que una es punitiva y la otra, pedagógica.

Como política de reinserción, señaló que hay que ahondar en la problemática del infractor y ver cuáles son los factores que inciden en la conducta delictiva. Apuntó que en la mayoría de los casos se observa un perfil socieconómico común, precaria formación cultural, deterioro de las relaciones familiares, y bajo nivel económico. “Además, los jóvenes se ven estigmatizados”, dijo Santos. “Solo el 6,8% de los delitos son cometidos por menores de edad, y sin embargo se hace ver que todos son delincuentes”.

Santos marcó que en ese proceso, el peso de los medios de comunicación es muy fuerte, ya que convierten a los jóvenes en “líderes negativos”. “Saben que han nacido sólo para matar. Vemos en ellos desapego frente a la vida, desconfianza frente a la sociedad, conciencia de una vida efímera y corta, excitación por la violencia, dificultad para amar, sentido de venganza, afán por la aventura”, señaló.

 En ese contexto,  la mara o pandilla le ofrece seguridad, le garantiza la obtención de dinero, le da la oportunidad de liderazgo social.

“No es un problema de leyes, es un problema estructural. Nuestra sociedad tiene derecho a vivir en paz pero los niños tienen derecho a que los adultos los protejamos", precisó.

La ley penal juvenil en El Salvador tiene 15 años de vigencia. Estableció un régimen penal juvenil para los niños, que comienzan a ser imputables a los 12 años y hasta los 16 años, y otro para los que tienen hasta 18 años.  Sin embargo, según los datos de Santos, durante los primeros diez años, el 75% de los delitos que cometían los menores eran màs leves, contra el patrimonio. Ahora, ha aumentado la incidencia de los menores en los delitos más graves: homicidios, secuestros y extorsiones. Se aumentaron las penas para los adultos, y éstos empezaron a usar a los menores. La franja de adolescentes de 16 a 18 años, cuya pena máxima era de siete años  son los que empiezan a ser utilizados por las organizaciones delictivas. “La delincuencia se organiza mucho màs rapido que las instituciones del Estado”, concluyó Santos. Luego, cuando se aumentó la pena para los adolescentes de hasta 18 años /que pueden recibir hasta 15 años de confinamiento, los más utilizados comenzaron a ser los niños de 12 a 16 años.

 Otro dato: el 90% de las personas privadas de libertad adultas pasaron por centros privativos de libertad para menores. "La prisión no está siendo efectiva. No está cumpliendo el rol socializador que ordenan las constituciones de nuestros países". 
La funcionaria señaló que en los tres países conocidos como el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), "no se quiso apostar a la prevención y son los países más violentos de Centroamérica. No podemos seguir cometiendo los mismos errores" . En ese aspecto destacó las medidas implementadas en Nicaragua, el territorio más seguro de la región según las estadísticas, donde existen la policía comunitaria, "cercana a los problemas de la gente".

Para Santos, el sistema de justicia juvenil debe contar  con todas las garantías procesales, tal como el los adultos: derecho a la defensa, a un juicio justo, a ser escuchado, a recurrrir las decisiones que se tomen, derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Pero además, los jóvenes tiene otra garantías: a que no se publiquen datos que posibiliten la identidad. "Algunos medios lo respetan, y otros dan todas las pistas para que se puedan identificar".  En abril del 2010, un periódico de El Salvador fue condenado a pagar una multa por publicar la foto de un menor apuñalando a otro, lo que generó un tremendo debate a nivel nacional sobre los límites de la libertad de prensa."La libertad de prensa es inviolable. Pero ¿qué derecho prevalece sobre otro? Los únicos que pueden suspender derechos son los jueces", reclamó Santos y fue taxativa al afirmar que "habrá libertad de prensa cuando haya periodistas libres", en relación a sus jefes y a los dueños de los medios de comunicación.

Por su parte,  Doris Luz Galindo, quien también tiene una larga carrera como Jueza de Menores, señaló que "hay que romper los tabúes sobre los menores en conflicto con la ley. No son angelitos, pero hay que romper ese ciclo de violencia y que el menor también se sienta parte de los procesos de sanacion, restauradores, de nuestra sociedad". Galindo reclamó " un periodismo más reponsable, más abierto y más cercano. Qué bueno sería leer historias en las que los jóvenes se recuperan, se rehabilitan. Cuando se dice esto es irreparable, esto es incorregible, eso es irresponsable.  Hay un Estado y una familia irresponsable, que no les ha dado posibilidades de autorrealización". 

Figueroa, Santos y Doris Luz Rivas de Galindo 

La jueza puso el dedo en la llaga al reclamar una política de Estado que piense en cómo darle sentido a la vida de los jóvenes que han tenido dificultades con la ley y por alguna u otra razón están en centros de confinamiento, donde se les dan talleres recreativos o lúdicos, pero no una verdadera capacitación laboral, por ejemplo. “Estamos desperdiciando talentos. Hay actividades lúdicas, pero necesitan un proyecto de vida. Ese es el gran desafío. Es un tema de presupuesto”. Galindo llamó a descubrir cuál es la vocación del chico, sus habilidades y destrezas. “Es sólo un episodio, pero ese período es determinante en su vida”, insistió.

Por su parte Israel Figueroa, responsable de los centros de inserción salvadoreños, señaló a los periodistas que son bienvenidos a contar historias de los jóvenes recluídos:"Los centros están abiertos, la comunicación es clave, es importante que los chicos sepan que no estan invisibilizados. Vengan, siempre que no den los nombres ni saquen fotos, Nos buscan cuando hay requisas, no cuando nosotros invitamos", se quejó el funcionario, quien recibió reclamos de la prensa debido a los difícil que resulta acceder a la información sobre los menores y poder entrevistarlos.

El curso es dictado por el periodista Cristian Alarcón, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, junto con UNFPA, SICA y Coperación Italiana.